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CSE acuerda iniciar proceso de sanción ante denuncia sobre irregularidades en su Tesorería

Sesión de Enero 2018.

Negligencia y desconocimiento de los períodos para ejecución de presupuesto fueron algunas de las acusaciones realizadas por representantes de la Asociación de Artes Dramáticas.


Ante las quejas sobre la inconsistencia en el proceso de pago de facturas pendientes, aprobación de tractos y de planes operativos que se le atribuyen a la tesorería de la Mesa Coordinadora del Consejo Superior Estudiantil, este órgano aprobó una moción para presentar una denuncia formal ante la Procuraduría Estudiantil y la Comisión Disciplinaria.

Jagdish Hall Romero, vicepresidente de la Asociación de Artes Dramáticas, presentó una serie de quejas sobre el trabajo de la Tesorería el pasado viernes 18 de enero durante la IV sesión ordinaria del CSE. El estudiante solicitó votar una moción que contemplaba: exigir la renuncia del actual tesorero del CSE –Pedro Tablada–, aplicar las sanciones correspondientes y elegir a una nueva persona que ocupara dicho cargo.

Sin embargo, la moción original fue modificada ante la intervención del Procurador Estudiantil, Dominique Vargas.


Vargas explicó que, si bien se podía exigir la renuncia del tesorero, quedaba a criterio de Pedro Tablada ceder o no ante la presión estudiantil ya que la renuncia es una decisión personal; y que ante una solicitud para aplicar sanciones se debe seguir el proceso establecido en el Reglamento General de Procedimientos Sancionatorios Estudiantiles.


De esta manera fueron votadas una moción para formular la denuncia ante la Procuraduría y la Comisión Disciplinaria (aprobada con 73 votos a favor, 18 abstenciones y 1 voto en contra) y otra para exigir la renuncia del tesorero y elegir a otra persona para el cargo (rechazada con 40 votos a favor, 36 abstenciones y 16 votos en contra).


El descontento de la Asociación de Estudiantes de Artes Dramáticas tiene su origen en cómo se tramitó un plan operativo para la misma, que contemplaba realizar el festival “Antares libre de violencia” en el mes de marzo de 2019, pero para el que requerían la aprobación del presupuesto en diciembre, 2018.


De acuerdo a la explicación de Hall Romero, desde mediados de octubre presentaron el primer borrador del proyecto, pero fue hasta 15 días después que Pedro Tablada (con quien mantuvieron la mayoría de conversaciones) les señaló “problemas” con la solicitud y les pidió presentar algunos documentos para respaldar la necesidad del evento, así como proformas y contratos con las y los artistas participantes.


A inicios de noviembre, Tablada les comunicó que el proyecto había sido rechazado. Hall mostró su disconformidad con el hecho de que la comunicación se realizara por medio de un audio de WhatsApp en el que no se le daban mayores explicaciones.


Según el estudiante, no fue sino hasta el 20 de noviembre –cuando se comunicaron con la coordinadora del CSE, Nelly Agüero– que se les explicó por qué no se podía dar dinero de diciembre para ejecutar en marzo y que, en principio, nunca se les debió haber aceptado el proyecto.


Para el representante de Artes Dramáticas todo esto evidencia no sólo “negligencia y poca formalidad a la hora de responder la solicitud”, sino también “desconocimiento tanto de los plazos para ejecución de tractos como de la capacidad económica del CSE”.


“[Pedro] nos ofreció, de buena fe, presupuesto de la Mesa Coordinadora, pero hace rato me di cuenta de que ni siquiera han podido pagar los tractos de las personas que trabajaron en noviembre”, apuntó el estudiante, refiriéndose a los atrasos en los pagos de las órdenes de compra y servicios correspondientes a noviembre del año pasado.


Sobre este tema, Indira Gutiérrez, encargada de la Secretaría de Planificación y Presupuesto de la FEUCR, explicó al inicio de la sesión que problemas con la transición a factura electrónica por parte de algunas asociaciones estudiantiles y el límite de tiempo que estableció la misma Mesa Coordinadora para ejecutar el superávit (dos semanas) fueron factores que atrasaron el pago de esas órdenes.


Aunado a esto, Gutiérrez agregó que muchos de los documentos no indicaban la cuenta corriente de los proveedores, lo que requirió esfuerzos de la Secretaría de Finanzas para localizar dicha información.


El tiempo promedio para procesar las órdenes de compra y servicios toma alrededor de 22 días, incluso un mes completo, para que sean aprobadas por la FEUCR, Vida Estudiantil y, posteriormente, la Oficina de Asuntos Financieros.


Aunque las órdenes se procesaron a nivel federativo, no lograron estar listas antes del 07 de diciembre, fecha límite para ingresar al proceso administrativo de la universidad. Así, las facturas no se pagaron en el período pasado y el pago en el período actual afectará la distribución del presupuesto del Movimiento Estudiantil para este año.


Frente a esta serie de acusaciones, Pedro Tablada admitió que al establecer los períodos de ejecución presupuestaria no tomó la decisión “correcta”, pues consideró el hecho de que en las asociaciones estudiantiles muchas veces se solicitan facturas para una determinada fecha, pero se ejecutan tiempo después de la misma.


Sin embargo, por intervención de otros miembros de la Mesa Coordinadora, se concluyó que ejecutar una factura por adelantado era “improcedente”.


Tablada refirió que varias “asocias” ya le habían presentado planes operativos, por lo que trataron de buscar soluciones para que las y los estudiantes pudieran reorganizarse y cambiar de fecha las actividades.


“En este caso se le mencionó al compañero [Jagdish Hall, de Artes Dramáticas] que desde la Mesa Coordinadora le podíamos financiar [parte del proyecto] porque consideramos que era de suma importancia para la comunidad y podíamos impulsar este tipo de iniciativas estudiantiles con el tracto que nos corresponde”.


A las quejas de la Asociación de Artes Dramáticas se le sumó otra presentada por la Asociación de Estudiantes de Padres y Madres, respecto a los acuerdos tomados en la sesión de diciembre del año pasado.


Es dicha sesión se aprobó el aumento del presupuesto de la AEMAPA a dos pisos (en lugar de uno), y se acordó que el piso extra iba a ser un aporte porcentual de cada asociación de estudiantes, con excepción de Estudios Generales, Residencias, Sedes y Recintos.


Erika de la Paz, representante de AEMAPA, aseguró que Tablada no respetó el acuerdo, pues al hacerles llegar el documento con el presupuesto para este año en una parte se consignaba un piso y en otra, dos.


Al intentar hablar con el tesorero sobre la incongruencia, este le indicó que no se podía corregir, debido a que un piso era producto de la “solidaridad de las demás asociaciones de forma temporal”.


Al consultar con los demás miembros de la Mesa Coordinadora y revisar el acta de diciembre se llegó a la conclusión de que lo correcto era consignar los dos pisos en todo el documento y se procedió a solucionar la situación.


Tablada defendió su postura reiterando que no podía indicar los dos pisos, dado que sólo uno salía del presupuesto general y, al consignar dos, se afectaba a las asociaciones especiales. Añadió además, que antes de enviar los presupuestos, estos son revisados por Contraloría Estudiantil, de manera que no es únicamente él quien toma las decisiones.


Presentación del directorio FEUCR

El nuevo directorio de la FEUCR, encabezado por Andrea Chacón (del partido Progre) se presentó ante las y los representantes estudiantiles, con la intención de establecer un vínculo más cercano con los diversos órganos del Movimiento Estudiantil y anunciar su propósito de aprovechar espacios como el CSE para la rendición de cuentas.


Chacón, quien es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, estuvo acompañada por la mayoría de miembros del directorio, que en su totalidad está integrado por: Rodrigo Barboza (Vicepresidencia), Noylin Cerdas (Secretaría General), Isaac Solís (Coordinación de la Secretaría de Finanzas), Yancelth Cascante (Tesorería), Gigi Hernández (Secretaría de Comunicación), Kendra Vincent (Secretaría de Sedes), Horacio Monge (Secretaría de Derechos Humanos), Jessica Ng y Axel Solís (Suplentes), Paula Jiménez y Silvana Díaz (representantes ante el Consejo Universitario) y Óscar Mora y Yordyn Mora (suplentes ante el CU).


Silvana Díaz también solicitó un espacio para explicar cómo se desarrollarán sus funciones dentro del Consejo Universitario y resaltó el compromiso con proyectos relacionados a la atención de Salud Mental en estudiantes, mejoras a los beneficios complementarios de la Oficina de Becas, y el reglamento contra la discriminación dentro de la universidad.


Por su parte, Paula Jiménez, también representante ante el CU, señaló que por ahora trabajarán en la comisión de Asuntos Estudiantiles y la de Financiamiento y Presupuesto. También serán parte de una tercera comisión del CU que aún está por definir.


Nuevas caras en órganos federativos

En esta sesión se retomó la tarea de designar a las y los nuevos miembros de los órganos federativos que todavía no se han consolidado del todo.


El nuevo equipo de la Editorial Estudiantil está compuesto por Felipe Hernández, estudiante de Filología Clásica; Ariana Villalobos, estudiante de Derecho y Daniel Valverde, quien ocupa una vacante de Diseño Gráfico. El otro espacio para estudiantes de dicha carrera -así como el puesto para estudiantes de Comunicación Colectiva- requiere postulantes para las próximas sesiones del CSE.


Por su parte, el Frente Ecologista Universitario (FECOU) cuenta con tres nuevos miembros: Karelin Gamboa, de la carrera de Enseñanza de las Ciencias naturales, además de Andrés Ardón (titular) y Sonia Gómez (suplente), estudiantes de Ciencias Políticas electos por el Consejo de Ciencias Sociales.


La Contraloría Estudiantil finalmente quedó conformada, gracias a las postulaciones de Carlos Oliveira, estudiante de Derecho, y Allan Montero, de Dirección de Empresas.


El puesto libre que quedaba pendiente en la Procuraduría Estudiantil fue ocupado por Kevin Sánchez, de la carrera de Derecho. De esta manera, sólo falta designar a la persona que resulte elegida por el Consejo de Sedes y Recintos.


Tras varias sesiones poco exitosas, el CSE por fin cuenta con una Comisión Disciplinaria. Ante la necesidad de poner en marcha los procesos que están estancados debido a la falta de personas en este órgano, fue necesario levantar el requisito de paridad de género, pues la mayoría de postulantes fueron hombres.


Los puestos libres de esta comisión ahora los ocupan Andrés Hidalgo (Dirección de Empresas) y Luis Mora (Filología), mientras que Karina Herrera y Alonso Monge asumirán los puestos para estudiantes de Derecho.


Finalmente, Katherine Rodríguez, estudiante de Filología Española, es la primera persona electa para el Observatorio Estudiantil.

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