Por: Karol Castro.
Segunda sesión Ordinaria del Consejo Superior Estudiantil
Durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Superior Estudiantil (CSE) se eligieron representantes para conformar los órganos federativos de la Defensoría, Contraloría y Procuraduría Estudiantil, la Secretaría de Finanzas y la Comisión Disciplinaria.
La sesión se llevó a cabo el pasado viernes 09 de noviembre en la Sala de Directores de la Facultad de Medicina, y antes de comenzar se añadieron varios puntos a la agenda, entre ellos uno para discutir la autorización a la Secretaría de Finanzas para ejecutar parte del remanente presupuestario con el propósito de pagar el transporte de las y los estudiantes de sedes y recintos que asistieron a las manifestaciones contra la reforma fiscal.
Otro de esos puntos fue una moción propuesta por Vladimir Guerrero –tesorero de la Asociación de Estudiantes de la sede de Guanacaste- para discutir la solicitud de la AEG sobre la remodelación del edificio en el que se encuentran actualmente, dado que se inunda, no cuenta con un baño y el espacio es muy reducido.
Nombramiento de Órganos Federativos
Randy Dinarte y Mónica Rojas, ambos estudiantes de derecho, fueron las personas postuladas que resultaron electas para ocupar dos de los tres puestos propietarios de la Defensoría Estudiantil Universitaria (DEFEU). El puesto restante fue seleccionado en la sesión anterior del CSE.
Por estatuto, dos de los puestos de este órgano deben ser estudiantes de Derecho con el segundo año de carrera aprobado. Estos ocuparán los cargos de coordinación general y de secretaría.
El tercer puesto es “libre” y lo puede ocupar cualquier estudiante federado que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 143 del Estatuto Orgánico de la FEUCR (EOFEUCR).
Algunas de las funciones de la DEFEU son: velar por el cumplimiento del debido proceso en el marco de la normativa institucional y nacional; y en los procesos disciplinarios, académico-estudiantiles y administrativos; y asesorar a la población estudiantil contra los actos, omisiones y actuaciones materiales de cualquier instancia universitaria, administrativa o académica que lesionen o amenacen sus derechos e intereses (artículo 146 del EOFEUCR).
En cuanto a la Contraloría Estudiantil, órgano fiscalizador de las finanzas de la FEUCR, se eligieron tres de los cinco miembros que debe nombrar el CSE: Mónica Agüero (Ingeniería Civil), Alejandro Jiménez (Contaduría Pública) y Daniela Avilés (Economía).
La Procuraduría Estudiantil Universitaria (PEU), por su parte, debe estar integrada por cinco miembros, de los cuales al menos tres deben ser estudiantes de Derecho con el segundo año de carrera aprobado. De los cinco, al menos una persona debe pertenecer a sedes o recintos. Los otros dos puestos son libres. En esta sesión del CSE se presentaron tres postulaciones: Fiorella Medina, Juan José Sevilla y Dominique Vargas, todos estudiantes de Derecho. Estos resultaron electos para ocupar los cargos de representación en la PEU.
La Procuraduría es el órgano consultivo en materia tecno-jurídica, instructor de materia sancionaria y de control de conformidad de las normas del EOFEUCR. Entre sus funciones se encuentran la de ordenar la publicación (o publicar por sí misma) la normativa vigente del Movimiento Estudiantil y las reformas a la misma, y realizar la investigación en caso de denuncias sobre faltas estudiantiles leves, graves o muy graves interpuestas por estudiantes o a solicitud del CSE, y presentarlas ante la Comisión Disciplinaria.
Mientras tanto, la estudiante Indira Gutiérrez, de la carrera de Contaduría Pública, e Irvin Gutiérrez, estudiante de Dirección de Empresas, resultaron electos para la Secretaría de Finanzas, que se encarga de administrar, distribuir y reintegrar el presupuesto total de la FEUCR, así como del manejo del inventario de la federación. El puesto de coordinación se elige en las elecciones federativas como miembro del directorio y otros cuatro puestos son elegidos por el CSE.
Para la Comisión Disciplinaria se eligió solamente uno de los ocho puestos que deben nombrarse. El nuevo miembro de este órgano es Gilberto Lewis, de la carrera de Derecho. Aún quedan cinco vacantes para completar la comisión, cuyas funciones contemplan recibir y conocer las denuncias de los estudiantes, establecer las sanciones correspondientes, abrir procesos de investigación y emitir las resoluciones para que sean aprobadas por el CSE.
Entre las y los estudiantes nombrados en esta sesión hay quienes se estrenan en el movimiento estudiantil, mientras que otros han tenido distintas participaciones, incluso en el mismo órgano donde resultaron electos esta vez. Los puestos remanentes de cada órgano se deberán nombrar en las siguientes sesiones del CSE hasta que todos estén completos.
Repartición del remanente presupuestario
Marvin Méndez Chang, asistente administrativo de la FUCR, solicitó a la CSE la autorización para que la Secretaría de Finanzas pueda ejecutar ¢1 300 000 para cancelar facturas del transporte utilizado para trasladar a los estudiantes de sedes y recintos a las movilizaciones contra la reforma fiscal durante los meses de septiembre y octubre.
Dichas facturas ya cuentan con un mes de atraso en el pago pues, según explicó Méndez, el directorio de la federación es el órgano que se hace cargo de financiar las movilizaciones estudiantiles, pero dado que actualmente no tiene la capacidad para ejecutar ningún dinero, la secretaría de Finanzas debió recurrir al remanente del CSE. Este proyecto se aprobó con un total de 58 votos a favor y 32 abstenciones.
El punto más polémico de la sesión fue, sin duda, el proyecto de ampliación y remodelación del parqueo de bicicletas, propuesto por la Asociación de Estudiantes de la Sede de Guanacaste.
El plan que presentaron los representantes de la AEG consiste en la construcción de una segunda planta en dicho edificio de parqueos para trasladar la asociación, otros órganos como la Defensoría y el Tribunal Estudiantil, una bodega para reactivos entre otros, debido a que el edificio en el que se encuentran actualmente posee condiciones deficientes en su infraestructura.
La estimación más baja del costo de dicha construcción requeriría un total 93 millones de colones, aproximadamente. Esto contempla la construcción y solicitud de permisos, pero no la elaboración de los planos, que son más costosos. Los representantes estudiantiles de la AEG presentaron un bosquejo de construcción realizado por ellos mismos y la idea sería mostrárselo a la persona encargada de construir la segunda planta.
Las dudas que surgieron entre las y los estudiantes del CSE consistían respecto a la asesoría profesional, particularmente, de la Oficina Ejecutora de Proyectos Institucionales de la UCR (OEPI).
De acuerdo con Vladimir Guerrero –tesorero de AEG- no es necesaria la intervención de la OEPI, dado que se trata de un proyecto de remodelación y no de construcción desde cero, tal y como se los indicó el mismo director de dicha oficina.
Otras preocupaciones de las y los estudiantes estaban relacionadas con la falta de información, dado que no había mucho tiempo para discutir el punto con calma, ni un anteproyecto, y no tenían la certeza de que los costos presentados fueran los reales de la obra.
Para este proyecto la AEG ya cuenta con la aprobación del Consejo de Sede y la solicitud ante el CSE buscaba la aprobación de los 93 millones de colones para construir. Sin embargo, a las dudas de los estudiantes también se sumó el hecho de que dicho monto constituía prácticamente todo el remanente del CSE, que son unos 95 millones.
Este proyecto no se votó, sino que se presentó una moción para que la AEG presente de forma más detallada y completa la propuesta en la próxima sesión del CSE.
Por otra parte, sí se aprobaron ¢8 500 000 para la Asamblea Autónoma. La solicitud estuvo a cargo de Meryliana Zúñiga Rodríguez, quien explicó que el dinero se destinará a la apertura de más espacios de discusión en torno al tema de la reforma fiscal, cubrir traslados de estudiantes, alimentación, impresión de materiales y la realización de talleres.
Zúñiga señaló que ha sido la Asamblea Autónoma quien ha coordinado gran parte de las movilizaciones estudiantiles y que es deber de los órganos ejecutores del movimiento estudiantil abrir espacios de discusión, exigir análisis y posicionarse respecto al tema.
La mitad de los ¢8 500 000 solicitados se utilizará para pagar facturas que se deben de las actividades realizadas entre septiembre y octubre; y la otra parte se empleará en la realización de las mismas actividades en lo que resta del año.
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