Director de la asociación sin fines de lucro, UESPRA, desmiente la versión federativa y la califica de “injuria”. Administración federativa 2014-2015 canceló convenio de cooperación entre ambas entidades para proyecto de reforestación. Progre planea retomarlo.
Por: Eder Víquez León.
Jordan Vargas, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (F.E.U.C.R.) afirmó que la Unidad Especial de Protección y Rescate Animal (UESPRA) obtiene ganancias a partir de la venta de árboles -que el Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E) le dona únicamente para sembrar- a particulares en su puesto en el Pretil y a propietarios de fincas privadas, como la del decano de Ciencias Económicas Carlos Palma.
Según Vargas, Edgar Castrillo, director de UESPRA, “hace reventa de inversiones públicas”, pues “agarra árboles que se los da el I.C.E., él los vendía durante todo el primer semestre. Cambió el discurso, porque ahora ya no los vende, según él (...) Hay grabaciones donde él vende los arbolitos a particulares que pasan por el pretil”.
Aunque VozUCR solicitó las pruebas, Vargas se negó a mostrarlas. No se ha abierto un proceso legal en contra de UESPRA desde la F.E.U.C.R., pues sostienen que ello corresponde a la Rectoría, entidad con la que no han tenido comunicación sobre la supuesta ilegalidad.
Vargas recalca que: “En el I.C.E. me dicen que sí, que ellos dan arbolitos, pero que es prohibido su venta”, como parte del proyecto “Viveros Forestales”, que produce entre 700.000 y 1.000.000 de árboles por año a través de cuatro centros. Uno de ellos es el Vivero Cachí, que dona las plantas a la asociación.
El director de UESPRA niega el lucro a partir de los árboles del I.C.E.: “No existe la venta cuando es una donación específica por la labor de siembra”. Los árboles que venden, explica, son germinados por el “Humedal Palmera en San Carlos, Fisiología Vegetal de la U.C.R. Nosotros mismos, y varios proveedores compañeros de causa, en donde hemos hecho un trabajo de intercambio importante de plántulas y semillas”.
UESPRA
La asociación sin fines de lucro se fundó en el 2003 como un grupo dedicado al activismo. De acuerdo con su presidente, en conjunto con el Programa Restauración de Tiburones y Tortugas Marinas (PRETOMA), han realizado campañas en contra del aleteo de tiburón, la pesca deportiva y de arrastre, impulsaron la aprobación de la Ley de Vida Silvestre, se opusieron a la construcción de Marina Cocodrilo en el Golfo Dulce y la explotación del ambiente en Caño Negro, Crucitas y Papagayo.
En 2006 y 2007, coordinaron con Greenpeace Argentina para integrar al país en la Comisión Ballenera Internacional y crear la Coalición Costarricense por las Ballenas. En la actualidad, son la coordinación tica de Reforestando Centroamérica (REFCA).
En 2010 tuvieron un acercamiento con las federaciones de Convergencia y, posteriormente, de Progre. Realizaron foros de concientización ambiental en la U.C.R. y promovieron el Proyecto Ecosimbiótico.
Cuentan con un puesto en el pretil donde venden árboles y han conseguido 350 “adoptantes” desde su fundación. Ser “adoptante” requiere pagar una cuota única y voluntaria de 1500 colones. Con esta se financian las plantas y se tiene derecho a asistir a las giras de siembra.
Llevan tres años de trabajar con los Seminarios Participativos y el Repertorio de Problemas Ecológicos de la Escuela de Generales, donde los estudiantes tienen la oportunidad de ser “adoptantes” y realizan horas de colaboración en el puesto. También con el curso de Biología “Espacios verdes y movilidad activa”, donde Castrillo brinda capacitaciones a estudiantes de esa carrera, de Psicología y Arquitectura.
La asociación está compuesta por 100 miembros y la mayoría son estudiantes de carreras diversas, como Archivística, Educación Preescolar, Derecho, Sociología, Psicología, Biología, Salud ambiental, Agronomía, Economía Agrícola y Gestión Ambiental, quienes, según Castrillo, cuentan con tiempo limitado y falta de experiencia, lo que complica más el desempeño de UESPRA.
El “acuerdo” con el I.C.E.
Castrillo explica que los árboles solo se han utilizado, de acuerdo con la voluntad del I.C.E. -no hay contratos formales-, para la donación, tal y como explica Andrés Barrantes, coordinador del Vivero Cachí:
“Los árboles que se entregan son para ser sembrados, principalmente. En algunas ocasiones, se entregan en ferias ambientales. En ninguno de los dos casos pueden venderse”.
Barrantes aclara que Castrillo solicita los árboles como persona física, y este último manifiesta que a cambio de las plantas él presta servicios al I.C.E. desde 2013: “Existe un acuerdo, no un contrato, ya que no existe dinero de mi parte a ellos ni de ellos a mí”. Brenes lo define como “un acuerdo verbal de colaboración para la construcción de un ranuario [sic]”.
Aunque al promedio de la gente se le entregan cantidades no mayores de 50 árboles con solo presentar la cédula, llenar una boleta con los datos personales y los nombres de las especies que se están adoptando, así como un documento de compromiso de plantación, cultivo y cuido de la planta por al menos dos años, el acuerdo de Castrillo con el I.C.E. le permite recibir cantidades de 1.000 a 3.000 plantas. En ese caso, es necesaria una fotocopia del plano catastrado donde se van a plantar.
Brenes explica que, a Castrillo, “fotocopia de plano no se solicitó, porque la siembra de los árboles se realizaría en diferentes propiedades en distintos sitios del país”, de manera que no existe un control detallado de dónde se siembran los árboles ni los fines para los que serán empleados.
Aunque el director de UESPRA argumenta que el objetivo de la asociación es reforestar pero nunca sembrar árboles del I.C.E. en fincas privadas -que en el futuro sean talados para comercializar su madera y beneficiar a terceros con fondos públicos-, es consciente que no se puede ir más allá de un “acuerdo ético con la gente” para que no lo hagan.
“Ni siquiera el I.C.E. puede controlar que no lo hagan”, asevera, pues los terrenos privados se venden o se heredan a nuevos propietarios que no necesariamente le dan continuidad a la reforestación. Las entidades públicas en las que han sembrado, como las municipalidades de Cartago y San José, o el colegio de Bananito de Limón y la escuela de Bajamar de Puntarenas, cambian también de administración.
Fin a la cooperación
A inicios de 2015, la F.E.U.C.R. canceló un convenio de cooperación con UESPRA para el período enero-diciembre, con el nombre “Proyecto Ecosimbiótico” y del que también eran parte la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (F.E.U.N.A.), la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS) y la Coalición Costarricense por las Ballenas.
El convenio incluía los ejes de reforestación con especies nativas a partir de giras a diferentes partes del país, activismo para la conservación de la naturaleza, capacitaciones sobre reconocimiento de biodiversidad y manejo de vida silvestre, así como el trabajo en coordinación con las comunidades.
Según el acuerdo, “la parte que fallaba quedaba relegada a la parte que no fallaba”; es decir, si todas las partes no están sujetas a este, como sucedió con la F.E.U.C.R. y su retiro, el contrato no tiene validez.
Esta situación comprometió la capacidad de acción de UESPRA, pues en administraciones pasadas, la Federación era la encargada de coordinar con la Sección de Transportes de la Oficina de Servicios Generales (O.S.G.) para el traslado de estudiantes y árboles en las giras.
En la administración de Alejandro Madrigal en 2014, del partido político Progre, existía el apoyo de transporte y un vínculo más fuerte con las asociaciones de estudiantes de cada carrera. De acuerdo con Noelia Rodríguez, exmiembro del equipo federativo, fueron a diferentes giras y colaboraron con el Proyecto Ecosimbiótico. De hecho, aseveró, antes de las elecciones de 2015 y en las que su partido resultó electo por cuarta vez, que si ganaban, iban a retomar el vínculo con UESPRA. Asegura que no tienen problema en ir a fincas privadas, debido a que en ningún momento ellos fueron testigos de “dineros de por medio” entre la asociación y los propietarios de los terrenos.
El punto de declive
Según Jordan Vargas, su equipo renunció al proyecto cuando se dieron cuenta de que UESPRA asistía a fincas privadas, como la del decano de Ciencias Económicas, con transporte de la universidad y sin hacerles una solicitud previa. Tampoco había un “estudio de por medio” que justificara la situación y “una planificación de las giras. Edgar venía 15 días antes de la gira aquí a pedir transportes”.
Vargas desconoce si UESPRA asistió a la finca del decano Carlos Palma en transporte de la universidad y con árboles del I.C.E., pero asegura que “el decano le pagó por los árboles” a Castrillo.
Palma declara que en ningún momento hubo dineros de por medio, y que el único fin de la asistencia a su finca en el Cedral de Tarbaca era reforestar una parte de las 20 hectáreas de área boscosa que la componen.
El decano señala que “ahí existen nacientes y yo las protejo para futuras generaciones”, dentro de la Zona Protectora Cerros de Escazú, que impulsa el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Fundación Neotrópica.
También aclara que “lo que ellos me habían pedido era una contribución para gastos de alimentación y todo de los muchachos”. Recuerda que la gira se realizó en 2013 y los estudiantes asistieron con transporte de la U.C.R. Se alojaron una noche en una cabaña de su propiedad y sembraron alrededor de 500 árboles.
“A mí me parece que el proyecto de conservación de UESPRA tiene que hacerse sin fines de lucro. Yo no sé cómo se financian (...) Lo que sí no se puede hacer es que esos árboles [los del I.C.E.] sirvan para que la gente después los comercialice”.
Argumentos en disputa
Para Castrillo, la reforestación no tiene fronteras: “El asunto es que hay que sembrar, no si el terreno es privado o no es privado, porque cuando tenemos un tema de deforestación, de pérdida de hábitat, de fauna, de desprotección de los mantos acuíferos, de pérdida de especies, de árboles en peligro de extinción, la urgencia es bastante obvia”.
Por eso, desmiente la versión de Vargas sobre el lucro de árboles con fondos públicos en fincas privadas y advierte que “la alteración de los hechos con dolo es un delito penal”, por lo que interpreta la acusación del expresidente federativo como una “injuria”.
“La U.C.R. va a reservas privadas todo el tiempo (...) Este muchacho [Jordan Vargas] sigue insistiendo en que es un acto de corrupción lo que nosotros estamos haciendo”.
Para Jordan, el problema se agudiza si se toma en cuenta que además de las supuestas ilegalidades que él denuncia, UESPRA ocupa un espacio dentro del campus universitario: “Habría que analizar qué hace una O.N.G. (asociación) dentro de un espacio público”, en referencia al vivero ubicado detrás del Comedor Estudiantil.
Según Castrillo, la estructura fue construida con materiales reciclados y con la colaboración de la asociación de Servicios Generales y la Maestría Profesional en Paisajismo, entre 2010 y 2013.
Aclara que para el uso del espacio nunca ha existido un acercamiento formal a la Comisión Institucional de Planta Física (C.I.P.F.) de la Vicerrectoría de Administración, que atiende “los trámites relacionados con el alquiler de propiedades y todo lo relacionado con el requerimiento para la distribución de espacio físico y aplicación de la normativa para la distribución de estos”, según se lee en el sitio web de la vicerrectoría.
Vargas justifica que no hayan iniciado un proceso legal en contra de UESPRA debido a que “quien es encargado de gestionar lo que pasa en el campus universitario es la Rectoría”. Tampoco han tenido comunicación con la entidad sobre la supuesta ilegalidad de la asociación.
“Con nosotros, hacernos a un lado y retirar el apoyo de la federación (al convenio de cooperación) era suficiente, hasta que no se esclarecieran los nublados del día. Yo creo que poco a poco, seguramente, pues se irá investigando sobre el tema. Pero es que eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la U.C.R., porque es una organización que tienen un pequeño local dentro de esta”.
VozUCR intentó entrevistar antes del cierre de edición a Gerlin Salazar, integrante de la C.I.P.F., para verificar si tienen conocimiento de la asignación de espacios a UESPRA y las actividades de la asociación, pero se encontraba de gira.
Marco legal
De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Asociaciones N° 218, “quedan sometidos al presente texto las asociaciones para fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia”, como es el caso de UESPRA, inscrita en el Registro Nacional con cédula jurídica 3-002-389789.
El artículo 26 especifica que “las asociaciones pueden adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de cualquier índole y realizar operaciones lícitas de todo tipo, encaminadas a la consecución de sus fines”, siempre y cuando rindan cuentas de las “donaciones, subvenciones, transferencias de bienes muebles e inmuebles u otros aportes económicos” a la Contraloría General de la República, una vez al año.
En la donación de árboles del I.C.E. -que cuentan como bienes muebles, pues acarrean un costo de producción- a UESPRA, estaría limitada la aplicación de la Ley de Asociaciones, pues el coordinador del Vivero Cachí, Andrés Barrantes, aclaró que Castrillo solicita los árboles como persona física.
En caso de que la donación fuera del I.C.E. hacia UESPRA, no se cometería una violación a la ley, pues el artículo 26 lo permite. Según Andrés Alfaro, abogado de la Procuraduría General de la República, un supuesto lucro a partir de la venta de plantas tampoco sería ilegal si se justifica que esta corresponde a la “consecución de los fines” de la asociación para financiar los proyectos de reforestación, por ejemplo. Sin embargo, sería ilegítima con el acuerdo del I.C.E.: la entidad los dona para ser sembrados y no para generar lucro.
Comments